SIN CENSURA
11 de noviembre de 2026
Por: Víctor R. Hernandez
Joaquín López-Dóriga lo resumió en una frase que ya circula: “Todos los caminos llevan a Tabasco”. Bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, el Infonavit contrató a Interservicios de Tabasco para construir alrededor de 14 mil 976 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, por un monto total de 8 mil 490 millones de pesos, en al menos tres contratos. Los documentos muestran costos unitarios que oscilan entre 549 mil y 593 mil pesos por casa. La empresa, según registros públicos, no tenía contratos previos con el instituto antes de que Romero asumiera en octubre de 2024.
Interservicios de Tabasco S.A. de C.V. está vinculada a los empresarios Óscar Rafael Garza Adame y su hijo Óscar Rafael Garza Ravers. El mismo grupo figura como proveedor de Pemex: en septiembre de 2026 se le adjudicó un contrato por cerca de 45.8 millones de
dólares (unos 790 millones de pesos) para suministro de tubería y herramientas de perforación. La firma, constituida en Villahermosa y con un rango de empleados reportado como muy reducido en bases como el SIEM, pasó de proveedor energético a constructor masivo de vivienda social sin que mediara, al menos de forma pública, un proceso competitivo amplio y transparente.
Romero Oropeza, tabasqueño y exdirector de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, llegó al Infonavit junto a colaboradores cercanos como Marcos Herrería Alamina. Investigaciones de medios como EL CEO y columnas de Mario Maldonado documentan que, desde su llegada, el funcionario ha firmado cientos de contratos, muchos por adjudicación directa, que suman miles de millones en el negocio de vivienda y otros rubros. El patrón se repite: empresas ligadas al entorno tabasqueño, a exproveedores de Pemex o a círculos cercanos al poder local aparecen con asignaciones de gran escala.
En Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez ha negociado elevar la meta de viviendas del Infonavit de 40 mil a 50 mil o más. Romero ha anunciado escrituras gratuitas para 33 mil tabasqueños y reestructuras de créditos impagables. Mientras se presume el avance del programa nacional, una porción sustancial de los recursos se concentra en contratos a firmas con nulos antecedentes en el Infonavit y con vínculos empresariales previos en la entidad y en la petrolera. El costo por vivienda no es el más bajo del mercado, y
las imágenes de desarrollos en construcción muestran el volumen de recursos en juego.
El caso encaja en un patrón más amplio. Otras investigaciones han señalado contratos a empresas vinculadas a familiares o cercanos de Romero (incluida la adquisición de terrenos a su consuegra en esquemas del programa) y a exasesores de su gestión en Pemex. La declaración patrimonial del director del Infonavit generó controversia por terrenos, departamentos y un ingreso que en algunos reportes superaba temporalmente el de la presidenta; él la justificó como fruto de décadas de trabajo y créditos. La opacidad previa sobre esos datos y la velocidad de las adjudicaciones alimentan las dudas sobre conflicto de interés y competencia real.
El Infonavit administra los ahorros de millones de trabajadores. Cada peso destinado a un contrato sin competencia abierta, a una empresa de reciente irrupción en el sector o a un círculo geográfico y político estrecho, es un peso que no se somete al escrutinio que prometió la 4T. La narrativa oficial habla de transparencia, de acabar con el neoliberalismo y de vivienda digna. La evidencia de contratos millonarios a proveedores de Pemex en el estado de origen del director apunta en otra dirección: la de un sistema que reproduce privilegios bajo nuevo nombre.
Hacia 2027, el tema de la vivienda y el uso de los recursos del Infonavit será electoral. Los trabajadores que financian el instituto con su salario tienen derecho a saber si sus ahorros construyen casas o consolidan redes de poder. Hasta ahora, todos los caminos documentados siguen llevando a Tabasco.
