Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández G.

Mientras en Palacio Nacional insisten en negar la realidad y hablar de “intervencionismo”, en Baja California la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en el ojo del huracán. Un audio filtrado por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, revela que la mandataria morenista no solo busca recuperar su visa estadounidense: está negociando en las sombras con asesores ligados al FBI para enfrentar posibles cargos y sanciones penales. 

Esto no es un trámite migratorio cualquiera. Es el síntoma de un cáncer más profundo: la narcopolítica que pudre a Morena desde las fronteras hasta el centro del poder.

La gobernadora, convertida en la primera mandataria estatal en perder la visa bajo la administración Trump, inicialmente intentó evadir el tema hablando de “desayunos escolares sabrosos”. Pero la presión fue mayor. Reconoció la autenticidad del audio, aunque lo minimizó: “cualquier situación hay que verla a través de un abogado”. En la grabación se escucha claramente cómo discute con intermediarios que se presentan como gestores de agencias de inteligencia estadounidenses. Hablan de reuniones en Tijuana, en oficinas del consulado, de “cargos” y “sanciones” que podrían presentarse en su contra. Nada que ver con un simple visado.

El abogado de élite: ¿Con qué dinero? 

Marina del Pilar menciona a su defensor: Michael Nadler, exfiscal del Distrito Sur de Florida, conocido por casos de alto perfil como el de Alex Saab, prestanombres de Nicolás Maduro. Un abogado “pesado”, caro y alejado de Baja California, elegido precisamente para evitar filtraciones. Ella misma lo admite en el audio: buscó a alguien fuera del estado “para que no se filtrara”. Nadler viaja una vez al mes cuando se requiere. Sus honorarios, según expertos, pueden superar fácilmente el millón de dólares en casos complejos de lavado y corrupción internacional.

Aquí surge la gran interrogante periodística: ¿de dónde salen los recursos para pagar a un litigante de ese calibre? El salario anual de una gobernadora ronda los 1.7 millones de pesos. La brecha es abismal. En un estado fronterizo donde el CJNG y otros cárteles operan con impunidad, las sospechas se multiplican. La gobernadora insiste en que ya no trabaja con él y que todo es “institucional y transparente”. Pero los audios y su propia voz cuentan otra historia.

Michael Nadler, exfiscal federal, es especializado en lavado de dinero, corrupción, sanciones y crimen de cuello blanco. Su contratación no encaja con un problema administrativo. Señala un asunto penal de gran envergadura.

Jaime Bonilla: del pacto roto al “cártel competidor”

El exgobernador Jaime Bonilla Valdez, hoy vinculado a proceso por la actual administración (a quien acusa de “venganza política”), fue el primero en denunciar públicamente el narcogobierno de Marina del Pilar. Según Bonilla, la mandataria y su entonces esposo Carlos Torres rompieron un acuerdo previo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El cártel respondió con una manta masiva reclamando la traición. Bajo esta gestión, afirma, el gobierno dejó de ser “socio” de los cárteles para convertirse en un competidor directo.

Bonilla ha señalado detenciones en la garita de San Ysidro de empleados de la fiscalía, policía estatal y hasta el sobrino de un secretario, involucrados en contrabando. Acusa directamente a la gobernadora de encabezar una red de tráfico junto a su círculo cercano. Estas denuncias, hechas años antes del retiro de la visa por presunto lavado de dinero, ahora cobran fuerza con los audios.

El mapa del escándalo: Morena bajo la mira de EE.UU.

Este caso no es aislado. Forma parte de una ola que golpea a Morena:

• En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios como Inzunza enfrentan acusaciones graves del Departamento de Justicia de EE.UU. Figuras como el general Mérida se han entregado buscando acuerdos.
• Según Los Angeles Times, los gobernadores de Sonora (Alfonso Durazo) y Tamaulipas (Américo Villarreal) están bajo investigación por vínculos con crimen organizado y huachicol. También perdieron visas pero entran con permisos especiales para cooperantes.

La bola de nieve crece. La 4T, que llegó prometiendo acabar con la corrupción y el narco, enfrenta el mayor escándalo de narcopolítica en la historia reciente. Gobernadores morenistas negociando con el FBI mientras en México se habla de “soberanía”.

¿Transparencia o desesperación?

Marina del Pilar insiste en que las reuniones son “institucionales” y que quiere “aclarar cualquier cosa”. Pero el contexto de los audios —intermediarios, cargos penales, abogado de élite en Miami, confidencialidad extrema— pinta un panorama de pánico. Primero evadió el tema con desayunos; luego reconoció el audio pero negó acuerdos oscuros. La contradicción es evidente.

Mientras tanto, en Baja California persisten los problemas reales: inseguridad, extorsión (“impuesto del miedo”), y un gobierno que, según sus críticos, compite con los cárteles en lugar de combatirlos.

La filtración de estos audios es un golpe más al relato de la 4T. No se trata solo de una visa perdida. Es la evidencia de que las investigaciones estadounidenses están tocando las puertas de los palacios estatales morenistas. Marina del Pilar Ávila tiene mucho que explicar, no solo a los bajacalifornianos, sino a un país harto de promesas vacías y realidades turbias. Porque cuando los gobernadores negocian en lo oscurito con el FBI, la soberanía que tanto pregonan se desvanece ante la magnitud del escándalo.

Fuentes: Columna de Héctor de Mauleón en El Universal, Latinus, Los Angeles Times, declaraciones públicas y audios verificados. Este es un tema en desarrollo. La verdad, sin censura.