Sin Censura
Por: Víctor R. Hernández G.
Hay audiencias judiciales que se miden en horas y otras que se miden en intenciones políticas. Las más de 40 horas continuas de diligencia inicial en el caso contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel pertenecen, sin duda, a la segunda categoría. Más que un acto de justicia estricta, lo que presenciamos en los tribunales federales tiene toda la traza de un montaje narrativo acelerado desde las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República.
La hipótesis del Gobierno es estruendosa: un “gran complot” de contrabando fiscal de combustible —el llamado huachicol fiscal— articulado entre diversas empresas y ocho imputados sentados en el banquillo. Sin embargo, cuando se rasca la superficie del expediente de miles de hojas, el andamiaje parece sostenerse más en la pirotecnia mediática que en el rigor procesal.
La narrativa contra la realidad operativa
El abogado defensor, Fernando Gómez Mont, ha puesto el dedo en la llaga sobre dos contradicciones de fondo que la FGR difícilmente podrá eludir:
- La confusión deliberada entre propiedad y operación: Acusar a un accionista por el contenido de un convoy de carga sin probar su intervención en la logística diaria es un estiramiento legal peligroso. Ruffo es socio de la empresa importadora (Inemar), sí, pero la responsabilidad del traslado material e internación del combustible recayó en una firma tercera con sede en Monterrey que operaba a través de agentes aduanales.
- Los verdaderos operadores, en la sombra: Resulta sintomático que mientras el reflector político y penal se centra en una figura pública de alto perfil, los ejecutivos de la empresa transportista —aquellos que efectivamente manejaron el tránsito del combustible no declarado— no hayan comparecido y se encuentren prófugos. ¿Por qué la prisa en aprehender al nombre mediático mientras la cadena operativa real sigue desmembrada?
El dato: La FGR intentó a toda costa cerrar la puerta a la prensa alegando “seguridad nacional” por tratarse de aduanas. Un contrasentido absoluto: el Ejecutivo expuso previamente el caso con bombo y platillo en conferencias públicas, pero pretendió litigar el expediente en la penumbra cuando llegó la hora de presentar las evidencias.
¿Justicia o cálculo de tiempos?
Nadie cuestiona que el contrabando de combustible deba combatirse con la máxima firmeza del Estado. Lo que resulta inaceptable en un Estado de Derecho es el uso de la justicia selectiva y la aceleración de expedientes según los humores de la agenda pública. Ruffo Appel acudió meses atrás voluntariamente a entregar documentación en calidad de testigo; de pronto, el caso dio un viraje abrupto hacia una orden de aprehensión de más de 700 páginas y un traslado directo al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Aunque la defensa evitó calificar el hecho como un atropello puramente político —dejando esa conclusión al análisis de la prensa—, los hechos hablan por sí solos. Cuando la imputación intenta vincular a personas que ni siquiera se conocen entre sí bajo la figura de una “macro-conspiración”, la técnica jurídica cede su lugar a la construcción de un chivo expiatorio.
La moneda sigue en el aire y la audiencia de vinculación a proceso definirá el rumbo de esta batalla. Pero por lo pronto, el mensaje de la Fiscalía es claro: importa más el impacto del titular que la solidez de la prueba.
