Sin Censura.
Por: Víctor R. Hernández G.
La protesta ya no es marginal ni aislada: es sistémica. La salida a las calles de trabajadores en al menos 24 entidades no responde únicamente a una postergada demanda salarial; expone el colapso operativo del día a día. Se marchó por gasas, jeringas, agujas, sábanas e instrumental básico de curación. Por el derecho elemental a no ver morir pacientes en salas de espera desiertas de insumos. Frente a la evidencia física del descontento, la narrativa oficial tropieza: la presidencia califica de «exageración» una crisis que ya desbordó las clínicas.
El diagnóstico de fondo, sin embargo, no admite evasivas. Como recapituló Mario Maldonado en El Universal, la herida comenzó a abrirse en diciembre de 2018, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador dinamitó la cadena de suministro bajo la bandera del combate a la corrupción, confundiendo concentración de mercado con delito probado y demoliendo la logística nacional sin tener un reemplazo funcional.
Aquel golpe de timón excluyó por decreto a distribuidoras clave como Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo. La Oficialía Mayor de Hacienda, encabezada por Raquel Buenrostro, asumió facultades que rebasaban su capacidad operativa. Años después, el balance judicial desnudó la improvisación: las inhabilitaciones se cayeron en tribunales y el propio gobierno terminó recontratando a los mismos intermediarios que había estigmatizado. Combatir sobreprecios era urgente; desarticular la distribución a ciegas costó vidas.
Desde entonces, el sector salud quedó atrapado en un ciclo sexenal de refundaciones fallidas. El Seguro Popular fue liquidado para inventar el Insabi, entregado al operador político tabasqueño Juan Antonio Ferrer. Cuando la estructura colapsó, se recurrió a la costosa intermediación de la UNOPS, sólo para desecharla meses después. Para 2023, el propio Insabi fue borrado del mapa institucional y sus pasivos transferidos al IMSS-Bienestar. Cada relevo burocrático prometió subsanar las ruinas que dejó su antecesor.
Esa transición permanente desarmó al país justo antes del impacto del Covid-19. La gestión de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell operó con un personal médico precarizado que marchaba exigiendo cubrebocas y guantes. La factura humana fue documentada con rigor por la Comisión Independiente: cerca de 297 mil muertes en exceso pudieron evitarse con una conducción profesional de la epidemia.
El desfile de parches logísticos continuó con Birmex, un laboratorio público reconvertido a la fuerza en distribuidor masivo. Desfilaron por su timón Pedro Zenteno, el general Jens Pedro Lohmann e Iván Olmos, hasta que Claudia Sheinbaum optó por colocar a un operador de máxima confianza: Carlos Ulloa. El resultado no fue la eficiencia, sino el tropiezo administrativo: una licitación consolidada 2025-2026 anulada por sospechas de corrupción, sobrecostos proyectados por 13 mil millones de pesos y la supuesta solución convertida en expediente judicial.
A la par, la propaganda intentó suplir la logística con monumentos a la simulación. La «megafarmacia» de Huehuetoca, presentada en diciembre de 2023 como el almacén definitivo, terminó convertida en andenes semivacíos con accesos fracturados por socavones. La realidad operativa pulverizó el eslogan.
Ni siquiera el argumento presupuestal sostiene el relato oficial. Con un gasto en salud que creció 14.3% real anual entre enero y agosto de 2026, el desabasto se agudizó. La paradoja financiera confirma que el problema no es de liquidez, sino de captura burocrática, incompetencia operativa e incapacidad ejecutoria: más recursos para menos resultados.
Hoy el frente está abierto por múltiples costados. Al malestar en el IMSS —donde la base no sólo exige insumos sino que desafía a liderazgos como Rafael Olivos— se suma la parálisis en el ISSSTE de Martí Batres, rehén de las presiones magisteriales y promesas de reforma pensionaria desactivadas por la propia titular del Ejecutivo.
Casi ocho años después, la dispersión deliberada de responsabilidades ya no alcanza para evadir el balance. Cambiaron las siglas, rotaron a los compradores y multiplicaron las estructuras, pero la precariedad permanece inalterada en las salas de urgencias. La crisis de salud pública no fue un accidente fortuito: es la consecuencia directa de una cadena ininterrumpida de decisiones políticas equivocadas con nombres y apellidos.
