Impulsa Sandra Amaya reestructuración de la EASE para cerrar paso a la corrupción
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“No se puede hablar de fiscalización efectiva si quienes deben auditar no tienen estructura definida ni límites normativos que protejan la integridad del proceso.”
La fiscalización del gasto público no debe entenderse como una función meramente técnica, sino como una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción e impunidad.
La Auditoría ha operado con una estructura interna difusa, duplicidades operativas y márgenes de discrecionalidad que reducen su eficacia y credibilidad.
Se propone una clasificación clara de atribuciones entre las auditorías generales “A” y “B”, lo que permitirá delimitar funciones, asignar responsabilidades y optimizar el funcionamiento institucional.
Se busca erradicar prácticas de “puerta giratoria”, prohibiendo expresamente que auditores o personal técnico presten asesorías o trabajen para entes fiscalizables durante su encargo y hasta cinco años después de concluirlo.
La iniciativa responde a la desconfianza ciudadana acumulada por prácticas que permitían a los auditores beneficiarse posteriormente del conocimiento adquirido en sus funciones.
La reforma se alinea con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y principios constitucionales, además de responder al mandato ciudadano de fortalecer la ética en el uso del dinero público.
