SIN CENSURA
22 de octubre de 2026
Por: Víctor R. Hernández
La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, indaga una red de siete empresas proveedoras del INE y de organismos locales por simulación de competencia, triangulación de recursos y factureras. Hay 70 cuentas bloqueadas. Entre 2023 y 2024 ya se habían congelado más de 400 de 13 personas y siete firmas vinculadas a materiales electorales.
El núcleo son los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, ligados a Corporativo Zeg, Cajas Graf y otras cinco sociedades. Operan en el circuito electoral desde 2012. En Sonora, cuando Taddei presidía el instituto local, se documentó simulación de competencia para favorecer a ese grupo.
El círculo administrativo de la presidenta del INE está implicado. Jesús Octavio García González, director de Administración de septiembre de 2025 a abril de 2026, representó a Zeg y Cajas Graf. En enero de 2025 participó en una licitación de casi 200
millones para la elección judicial; el contrato terminó en Cajas Graf.
Aun así, Taddei lo nombró. El 20 de enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control por conflicto de interés y abuso de funciones. Renunció en abril en medio de la polémica. Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva, también figura en las indagatorias tras contratos previos en Chihuahua a las mismas empresas.
Latinus ha rastreado el entramado. Documentó el “club Taddei”: funcionarios cercanos que, desde organismos locales y luego en el federal, favorecieron a estas firmas. Exhibió además un video de Taddei festejando el Grito junto a José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.
Otro dato: Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta, figura desde 2023 como apoderado de Corporativo Zeg según el Registro Público de Comercio. Su vínculo no apareció en la declaración patrimonial. Taddei dice que ya no laboran en el instituto y que no tiene “empresas favoritas”. Ha pedido nuevas auditorías de la ASF.
La respuesta llega tarde. El INE no es una oficina cualquiera. Su naturaleza es la transparencia, la honestidad, la justicia y la verdad. Organiza las elecciones federales de 2027, concurrentes en las 32 entidades. La ciudadanía debe confiar en que el proceso no está condicionado por redes de proveedores ni por funcionarios que pasan de representar empresas a administrar el presupuesto.
Cuando la UIF bloquea cuentas, cuando Reforma y Latinus documentan conflictos desde Sonora hasta el INE, y cuando el chofer de la presidenta era apoderado de una empresa investigada, la mínima consecuencia es la renuncia de quien encabeza el organismo. No es sanción anticipada: es preservar la credibilidad antes del proceso electoral.
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, calificó de “sumamente grave” las sospechas de que directivos formen parte del negocio de los materiales. “Esto nunca había ocurrido”, dijo. Negar favoritismos y anunciar auditorías no despeja la duda: ¿cómo puede permanecer al frente quien permitió que personas vinculadas a proveedores bajo escrutinio ocuparan cargos sensibles?
La investigación de la UIF sigue en curso y aún no hay sujetos sancionados. Eso no reduce la gravedad de lo documentado. El presupuesto del INE es dinero público. Los materiales electorales son la base material del voto. Si la competencia se simula, el daño no es solo fiscal: es a la confianza en el árbitro.
Guadalupe Taddei no puede seguir al frente. La institución que organiza 2027 exige un liderazgo libre de conflictos de interés, de redes de proveedores ligados a su equipo y de videos que exhiben cercanía con quienes se benefician de contratos millonarios. Transparencia, honestidad, justicia y verdad no son eslóganes.
Son condiciones mínimas para que el proceso sea creíble. Mientras ella permanezca, esa credibilidad está comprometida. La renuncia es la única salida que restaura, aunque sea parcialmente, la dignidad institucional que el INE debe a la ciudadanía.
