Establecer mecanismos legales que permitan al Ministerio Público solicitar
de manera inmediata la restitución provisional del bien inmueble materia de
despojo, cuando existan elementos suficientes, especialmente cuando la
víctima sea mujer o persona adulta mayor.
Ampliación de motivos:
“Desde este Congreso vamos a defender el patrimonio de nuestras familias
duranguenses para terminar con los abusos que por muchos años han sido
invisibilizados.”
La reforma responde a casos donde víctimas, ante la inacción de
autoridades, toman justicia por su mano, lo que termina por criminalizarlas.
El objetivo es que ninguna persona vulnerable quede en estado de
desamparo legal.
Existe la falta de herramientas legales para actuar de manera inmediata en
casos de despojo revictimiza a las personas afectadas.
Las mujeres adultas mayores enfrentan condiciones especialmente críticas al
ser despojadas de su vivienda.
En otras entidades han ocurrido casos en los que víctimas fueron
convertidas en victimarias por la falta de acción oportuna del Estado.
Durango no es ajeno a esta problemática y que la desconfianza en las
instituciones ha agravado la descomposición social.
La iniciativa se alinea con los principios de justicia social y protección de los
derechos humanos impulsados por la Cuarta Transformación. Busca atender
un problema estructural con una respuesta legal inmediata, efectiva y
sensible a las condiciones de las personas más vulnerables.