Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández G.

En apenas 32 horas se consumó y se deshizo una de las maniobras más torpes y reveladoras de la fractura interna de la Cuarta Transformación. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa señalado por Estados Unidos de proteger a facciones del Cártel de Sinaloa y requerido por la Interpol, anunció de manera unilateral su regreso al poder el viernes 21 de agosto.

No consultó a la presidenta Claudia Sheinbaum, no avisó a la Secretaría de Gobernación, no pidió autorización al Congreso local ni informó a la dirigencia de Morena. Regresó “con la frente limpia y en alto”, según su propio discurso, como si el mandato popular y las instituciones fueran un asunto privado.

El sábado 22, acorralado por el deslinde público del partido, de gobernadores oficialistas y, sobre todo, por el mensaje contundente de la presidenta, solicitó una nueva licencia temporal con carácter indefinido.

El domingo 23, el Congreso de Sinaloa la aprobó por unanimidad. Lo que algunos interpretaron como un acto de soberbia personal fue, en realidad, la pieza visible de una intentona de golpe político orquestada desde el ala radical del lopezobradorismo para forzar el sometimiento del gobierno constitucional de Sheinbaum.

No fue un simple desacuerdo de estilos. Fue una rebelión interna entre dos bandos extremos de la 4T: por un lado, el grupo que opera desde Palenque en defensa de sus incondicionales —entre ellos Andrés “Andy” López Beltrán y Adán Augusto López—; por el otro, el gobierno legítimo que intenta consolidar el estado de derecho y distanciarse de los lastres más tóxicos del sexenio anterior.

El detonante: Farías Laguna y el huachicol fiscal

La tensión venía acumulándose. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había viajado a Buenos Aires en el marco de una conferencia internacional de la DEA. En ese contexto se avanzó en la repatriación del contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y señalado como pieza clave de una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas marítimas. Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Roberto, están vinculados a un esquema de contrabando de hidrocarburos que, según la Fiscalía, generó afectaciones millonarias y contó con la participación de exservidores públicos.

Testimonios que aparecen en la carpeta de investigación —confirmados por el propio abogado de los Farías Laguna— mencionan a “el hijo del presidente” y a Adán Augusto López en el entorno de esas operaciones. La Fiscalía General de la República, bajo Ernestina Godoy, ha negado tener elementos para investigar a Andy López Beltrán. Sin embargo, la rapidez con la que Farías Laguna fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, sin el margen de arresto domiciliario que algunos círculos esperaban, generó interpretaciones de choque entre el aparato de seguridad de Sheinbaum y los intereses protegidos del círculo cercano a López Obrador.

Cuando Sheinbaum se ausentó de la mañanera alegando enfermedad y Rosa Icela Rodríguez presidió la sesión, el mensaje fue leído como un intento de mantener el tema bajo control. El conflicto, sin embargo, ya había escalado.

Rocha Moya: el regreso por encima de las instituciones

El retorno de Rocha Moya fue el punto de quiebre. Acusado por la justicia estadounidense de vínculos con “Los Chapitos”, el gobernador se había separado del cargo en mayo de 2026 para, según dijo, no interferir en las investigaciones. La Fiscalía mexicana no encontró elementos para procesarlo en ese momento. Eso no le daba licencia para regresar saltándose todas las vías institucionales.

La dirigencia de Morena y la Secretaría de Gobernación emitieron un extrañamiento conjunto: la reincorporación era “estrictamente personal y no institucional”. Gobernadores de la 4T cerraron filas con Sheinbaum y exigieron “madurez y responsabilidad”. La presidenta no lo nombró, pero el mensaje del sábado fue inequívoco:

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia.”

En 32 horas, el intento se derrumbó. Rocha Moya volvió a pedir licencia y el Congreso de Sinaloa la concedió. Sheinbaum celebró la decisión como “lo mejor para Sinaloa”.

La verdadera amenaza

Detrás del episodio de Rocha Moya se perfilan presiones más graves. Desde el ala lopezobradorista se ha cabildeado la exigencia de renuncia de Omar García Harfuch y se ha especulado con la posibilidad de adelantar una revocación de mandato contra la propia presidenta. No se trata de diferencias programáticas. Se trata de una lucha por el control de las redes de poder, de protección y de impunidad que se construyeron durante el sexenio anterior y que el nuevo gobierno ha comenzado a incomodar.

Rocha Moya no regresó solo. Regresó porque creyó contar con el respaldo político suficiente para pasar por encima de la presidenta. Ese capital político, según las versiones que circulan en los círculos de poder, proviene de Palenque. El sinaloense ha reconocido en el pasado a López Obrador como su referente. El expresidente, a su vez, ha mantenido un silencio calculado mientras sus operadores movían piezas.

La neutralización del intento en tiempo récord demuestra que Sheinbaum todavía controla las instituciones formales y la estructura territorial de Morena. Pero también revela la profundidad de la grieta. La 4T ya no es un movimiento monolítico. Es un campo de batalla entre quienes quieren preservar los privilegios de un grupo y quienes, al menos en el discurso, intentan gobernar con un mínimo de institucionalidad.