SIN CENSURA
Por: Víctor R. Hernández
Hoy los trabajadores del IMSS marchan desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia Palacio Nacional. No es solo un reclamo salarial. Es la respuesta de millones de trabajadores que cotizamos a una decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum: usar el dinero de las cuotas y las reservas del Instituto para atender a población que no cotiza, con la misma infraestructura saturada y sin presupuesto proporcional.
El 1 de julio de 2025 Sheinbaum firmó el decreto que incorporó el programa IMSS-Coplamar al régimen ordinario del IMSS. Zoé Robledo anunció la integración de 81 hospitales de segundo nivel y más de 2 mil 100 Unidades Médicas Rurales en 19 estados, entre ellos Durango, para atender a alrededor de 10.8 millones de personas. Lo que no se dijo con la misma claridad es que el Presupuesto de Egresos de 2025 no asignó los recursos necesarios. Estimaciones de la época hablaban de cerca de 32 mil millones de pesos que no aparecieron etiquetados. El Instituto sostuvo la operación con sus reservas.
Esas reservas no son un fondo de ocurrencias. Son el ahorro acumulado de las cuotas tripartitas de trabajadores, patrones y gobierno federal, destinado a contingencias y a la viabilidad futura del IMSS. Nadie nos consultó si estábamos de acuerdo en financiar con nuestro dinero una universalización que el gobierno no quiso pagar con presupuesto ordinario. Hoy, parte de esos trabajadores están en la calle. Desde el 8 de octubre hay protestas, plantones y bloqueos en al menos una docena de estados. Exigen 10 % directo al tabulador en lugar del 6.8 % global que les impuso la cúpula del SNTSS, la salida de su líder sindical Rafael Olivos y, sobre todo, insumos, más personal y condiciones para trabajar.
El esquema continúa. El Servicio Universal de Salud que arranca el 1 de enero de 2027 sigue la misma lógica: intercambio de servicios y Consultorios SUS abiertos a todos, con o sin seguridad social. El PPEF 2027 anuncia más dinero para el sector y la mayor parte se la lleva el IMSS, pero el CIEP advirtió que el gasto total en salud sigue alrededor del 2.9 % del PIB y que la brecha per cápita entre el IMSS y el IMSS-Bienestar se mantiene. La “caja de compensación” no aparece con recursos claros. Se pretende que el IMSS atienda a los nuevos “derechohabientes” de facto con la misma infraestructura y sin un incremento presupuestal proporcional. Eso no es universalización; es saturar lo que ya está saturado y trasladar el costo a quienes sí pagamos.
En Durango el modelo ya mostró sus fallas. En septiembre murieron cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1; en varios casos apareció Klebsiella pneumoniae. El personal llevaba meses denunciando falta de insumos y sobrecarga. En octubre los trabajadores bloquearon el Periférico en Gómez Palacio y se concentraron frente a las oficinas sindicales. Hoy se suman a la marcha nacional. El mismo estado donde se integraron unidades Coplamar para atender a población sin seguridad social enfrenta ahora crisis de atención a sus propios derechohabientes y movilización de quienes cotizan.
El sector obrero ya lo había advertido en diciembre de 2025. José Luis Carazo, de la CTM, señaló en la 116ª Asamblea del IMSS que la presión de IMSS-Bienestar-Coplamar no venía con financiamiento etiquetado: “El IMSS colabora, pero no puede financiar”. Zoé Robledo responde con el crecimiento de las reservas y la narrativa de solvencia hasta 2036-2037. Los números de ocupación, desabasto y protestas cuentan otra historia. Un análisis de El Financiero estimó que sostener la atención plena a cerca de 11 millones de no cotizantes podría adelantar el agotamiento de las reservas entre dos y cinco años.
La marcha de hoy no es un accidente. Es la consecuencia de financiar promesas de universalidad con el dinero de los trabajadores y la infraestructura que ya opera al límite. El 14 de octubre habrá consulta sobre el aumento salarial. El 1 de enero de 2027 arranca el Servicio Universal bajo el mismo esquema. Y en 2027 hay elecciones. Los cotizantes del IMSS no son un número menor; son millones de familias que pagamos cuotas y que ahora vemos cómo nuestro dinero se usa para sostener promesas que el presupuesto no respalda.
Nadie nos preguntó. Hoy salen a preguntar ellos. El gobierno puede seguir hablando de camas nuevas y de “cero rechazos”. En los hospitales y en las calles la cuenta ya se está cobrando.
