El clamor de los expresidentes: rescatar al INE o causarle un daño estructural

El clamor de los expresidentes: rescatar al INE o causarle un daño estructural

Sin Censura

19 de noviembre de 2026

Expresidentes del IFE y del INE — Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández

Cuatro expresidentes del IFE y del INE —José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova— alzaron ayer la voz con un mensaje que el oficialismo preferiría no escuchar. No hay nada más urgente para la República, dijeron, que rescatar, recuperar y reconstruir la credibilidad del árbitro electoral. La crisis provocada por los testimonios y evidencias de corrupción que involucran a Guadalupe Taddei y su entorno no es un escándalo más: tocó el corazón de la institución justo cuando el proceso electoral de 2027 ya está en marcha.

Woldenberg, Valdés y Córdova lo dijeron en conferencia; Ugalde lo reforzó a distancia. Prolongar el interinato de Blanca Yassahara Cruz García no es una solución técnica. Es alargar la agonía, la degradación y la desconfianza. El Consejo General está incompleto, el Tribunal Electoral también tiene vacantes y el país camina hacia la jornada más grande de su historia con un árbitro herido en su legitimidad. A 199 días de la elección, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de nombrar cuanto antes a una presidenta de consenso. Conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas. No de una mayoría que imponga.

El llamado no es retórico. Córdova subrayó lo que distingue este momento de los últimos 26 años: nunca hubo un escándalo de corrupción de esta magnitud, ni colusión con proveedores tan evidente, ni conflicto de intereses tan crudo. El mercado de materiales electorales siempre fue oligopólico, sí. Pero

Crisis de confianza: escándalo Taddei y urgencia de consenso

una cosa es el oligopolio histórico y otra muy distinta es la presunta trama que llevó a renuncias masivas, bloqueos de cuentas de la UIF, diligencias de la FGR y denuncias del propio INE. El daño ya está medido. Encuestas recientes de Áltica muestran que apenas alrededor del 58-59 % de los mexicanos mantiene confianza en el instituto; entre no simpatizantes de Morena cae a niveles preocupantes. Otras mediciones, como la de AtlasIntel para Bloomberg, indican que casi la mitad de los ciudadanos desconfía de que el INE garantice elecciones justas en 2027.

Ugalde lo dijo con claridad: el INE es recuperable, pero requiere un liderazgo con experiencia, inteligencia emocional y respeto de las partes. Omitir la decisión, dilatar la convocatoria o apostar a que el interinato dure hasta después de las elecciones no repara nada. Agrava la herida. La Cámara de Diputados no es un espectador. Es corresponsable: nombra a los consejeros, supervisa a través de la Auditoría Superior de la Federación y designa al titular del Órgano Interno de Control. Tiene dos caminos: nombrar en las próximas semanas a una presidenta de consenso o prolongar la crisis y cargar con las consecuencias de una elección con legitimidad disminuida.

El punto de quiebre, como recordaron los expresidentes, no empezó con los videos de contratistas. Empezó cuando se rompió la lógica del consenso para integrar el Consejo General. En 2023 se impusieron consejerías —incluida la presidencia— sin el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Se privilegió la tómbola amañada y la imposición unilateral sobre el diálogo que durante décadas había construido confianza. Esa ruptura creó las condiciones en las que la corrupción pudo fermentar. Hoy, algunos en Morena sugieren que Blanca Cruz se quede hasta 2027. Es una tentación autoritaria: controlar el tiempo, evitar el consenso y llegar a la elección con un árbitro incompleto y desgastado.

Woldenberg recordó la lección de 1988 y de las reformas de 1994, 1996, 2007 y 2014: la confianza

La responsabilidad de San Lázaro: nombrar por consenso a la nueva presidenta del INE

no se decreta. Se construye con reglas y árbitros avalados por el conjunto de las fuerzas políticas. Cuando el consenso se abandona, la institucionalidad se erosiona. Los expresidentes no piden colonizar el INE ni quitarle poder a nadie. Piden reconstruir la base que permitió alternancias, congresos plurales y elecciones creíbles. Incluso plantean que podría ser necesario remodelar el propio Consejo General para que vuelva a contar con el respaldo de todas las bancadas, no solo de las que hoy tienen la mayoría calificada.

La respuesta oficialista ha sido previsible: culpar al pasado, minimizar el escándalo y dilatar. Pero el proceso electoral no espera. La ciudadanía tampoco. Si el interinato se prolonga y el Consejo sigue incompleto, el riesgo no es solo técnico. Es de legitimidad. Un resultado electoral impugnado por desconfianza institucional beneficia a nadie y daña a todos. Morena, como partido mayoritario, es el que más debería interesarle que las elecciones de 2027 sean creíbles. Si gana, que sea con autoridad; si pierde, que la derrota sea incontestable.

El documento firmado por una veintena de exconsejeros es un llamado a la responsabilidad política, no una proclama opositora. La democracia mexicana se construyó desde abajo, con luchas ciudadanas y con el consenso de que las urnas, no la imposición, definen el poder. Hoy esa conquista está bajo presión. Los expresidentes cumplieron su parte al señalar el peligro. Corresponde a la Cámara de Diputados decidir si escucha o si prefiere jugar con fuego a las puertas de 2027. La ciudadanía, mientras tanto, debe estar alerta. Porque cuando el árbitro pierde credibilidad, el partido se juega en la sombra y no en las urnas.

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con Víctor Hernández