Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció con bombo y platillo, apenas hace unos días, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC): la canasta básica de 24 productos se mantendrá en 910 pesos semanales para una familia de cuatro personas. Además, se firmó un acuerdo para que la gasolina Magna no supere los 24 pesos por litro (algunos reportes hablan de 23.99) y se pidió a comercializadores un “esfuerzo” para bajar el precio del jitomate. Su mensaje es claro: el gobierno tiene controlada la inflación y protege el bolsillo de los mexicanos.

La realidad, sin embargo, pinta otro cuadro. La inflación anual repuntó a 4.63% en marzo de 2026, con frutas y verduras disparadas en 21.77%. El jitomate registró un alza anual de 126.3%, la tortilla sigue presionada al alza pese a que el maíz ha bajado, y el aguacate —el “oro verde”— oscila entre 40 y 80 pesos por kilo en los mercados, aunque en huertos michoacanos se cotiza más bajo para exportación. Con un salario mínimo de 315.04 pesos diarios, una familia mexicana apenas alcanza para unos kilos de tortilla, tomate y frijol, sin margen para vivienda, transporte o educación. Preparar un taco de frijoles con salsa de tomate se ha vuelto casi un lujo. Pasemos a las causas:

1- Controles por decreto vs. economía real

El gobierno insiste en pactos voluntarios y topes artificiales. Se sacrifica recaudación de IVA e IEPS en combustibles para mantener la gasolina “barata”, lo que genera un agujero fiscal y presiona recortes en Pemex. Se reúnen con supermercados y tortillerías para “pedir” que no suban precios. Todo suena bien en conferencia de prensa, pero ignora la ley básica de la oferta y la demanda en una economía abierta y globalizada.

Estas medidas evocan las políticas de los años 70 bajo Luis Echeverría: precios decretados artificialmente bajos, subsidios financiados con emisión monetaria y, al final, alta inflación y la gran devaluación de 1976. Hoy, en un México más integrado al mundo, los riesgos son distintos pero no menores: surgimiento de mercados negros, contrabando y distorsiones que terminan haciendo que “lo barato salga caro”.

Los pactos fallan porque no atacan las causas reales. El PACIC no ha impedido que el jitomate se dispare. El maíz puede bajar 20%, pero representa solo alrededor del 30% del costo de la tortilla; el resto son combustibles, energía, transporte y fertilizantes, todos encarecidos por choques externos como la guerra en Irán (que disparó fertilizantes hasta +87% en algunos momentos por el Estrecho de Ormuz). A esto se suma el abandono del campo: eliminación del “extensionismo”, mala gestión del agua y retrasos en regulación de insumos.

2- El “impuesto oculto” que nadie quiere nombrar

El factor más incómodo y menos mencionado en las reuniones de Palacio Nacional es el crimen organizado. Se ha convertido en un impuesto oculto que encarece toda la cadena productiva y logística.

• En el campo: Extorsiona a productores de limón, aguacate, jitomate y otros. En Michoacán, principal productor de aguacate, el crimen (CJNG y otros grupos) cobra “derecho de piso” que resta entre 3% y 5% del valor de la cadena, según la ANPEC. Esto ocurre justo cuando México envía miles de toneladas a Estados Unidos para el Super Bowl.
• En el transporte: El autotransporte mueve el 58% de la carga nacional. En 2025 se registraron miles de atracos (oficialmente bajó 21%, pero el sector privado habla de subregistro alto y 68-82% de incidentes con violencia). Los delincuentes cobran cuotas por tonelada, amenazan a operadores para que compren huachicol o reconviertan flotas a gas, y obligan a empresas a gastar hasta 10% adicional en seguridad. Estos sobrecostos se trasladan directamente al precio final de la tortilla, el jitomate y el aguacate. Las rutas del Bajío, Estado de México, Puebla y Michoacán son focos rojos.

Sin seguridad en huertos y carreteras, cualquier pacto de “buena voluntad” está condenado al fracaso. El crimen ya no es solo un problema de seguridad pública: es uno de los principales motores de la inflación y la carestía.

3- El granero en peligro

El panorama futuro es aún más preocupante. En la región de Sonora, Sinaloa y Nayarit —histórico “granero de México”— la combinación de sequía crónica y asedio criminal ha reducido drásticamente la siembra. Se estima que solo se plantará una cuarta parte de las hectáreas tradicionales, lo que podría desplomar la producción de alimentos entre 50% y 70% en los próximos ciclos. Ningún acuerdo PACIC ni tope a la gasolina podrá “pacificar” los mercados ante una escasez estructural de esa magnitud.

Mientras tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha perdido autonomía constitucional, dejando al país sin una política efectiva contra duopolios y oligopolios que también distorsionan precios.

4- La salida no está en decretos

Controlar precios por decreto y firmar pactos con empresarios puede dar titulares y ganar algunos meses de estabilidad artificial. Pero no resuelve los cuellos de botella reales: abandono del campo, inseguridad que actúa como impuesto oculto, mala gestión del agua, vulnerabilidad climática y falta de competencia real.

La historia de los años 70 nos lo recuerda: cuando el gobierno prioriza el control político sobre la economía real, la factura termina siendo más alta para todos, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos.

Es hora de dejar los parches y enfrentar las causas de fondo. Invertir seriamente en productividad agrícola, garantizar seguridad en el campo y las carreteras, mejorar la gestión del agua y fortalecer la oferta de alimentos. De lo contrario, los mexicanos seguirán pagando más caro lo básico, mientras los acuerdos de buena voluntad se desvanecen ante la dura realidad.