Miles y miles salieron a las calles a exigir respeto a la democracia y que el presidente deje de entrometerse en las elecciones

En una impresionante muestra de unidad y compromiso cívico, miles de ciudadanos y representantes de diversas organizaciones y partidos políticos se congregaron hoy en el Zócalo de Ciudad de México para participar en la “Marcha por la Democracia”. La multitudinaria movilización, convocada por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México, tuvo como objetivo principal defender la integridad del proceso electoral y exigir un voto libre y justo en las próximas elecciones del 2 de junio.

Bajo el lema “El 2024 es el año de la ciudadanía”, los manifestantes inundaron las calles del centro histórico de la capital portando pancartas, banderas mexicanas y entonando consignas en favor de la democracia y la justicia electoral. La presencia de familias enteras, jóvenes, adultos mayores y personas de todas las clases sociales reflejó la diversidad y amplitud del respaldo ciudadano a esta causa.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pronunció un enérgico discurso en el que alertó sobre los peligros que enfrenta la democracia en el país y llamó a la ciudadanía a defender las instituciones democráticas con determinación.

“Esta marcha no es para apoyar a ningún candidato ni partido, sino para defender la democracia y decirle no a cualquier intento de manipulación del proceso electoral”, enfatizó Córdova ante la multitud.

La “Marcha por la Democracia” no se limitó al Zócalo de Ciudad de México, sino que se replicó en otras ciudades de México y del extranjero, donde miles de mexicanos se unieron al clamor por un futuro democrático para el país.

Los participantes expresaron su rechazo a cualquier intento de coacción electoral y demandaron a las autoridades garantías de transparencia y equidad en el proceso electoral. Además, exigieron que se respetara la autonomía de los órganos electorales y se investigaran y sancionaran cualquier irregularidad que pudiera poner en riesgo la integridad del proceso democrático.