- “Crear nuevos mecanismos y fortalecer los que ya existen es fundamental para garantizar la seguridad y lograr una vida más tranquila y armoniosa para todos.”
- Además, se busca ofrecer alternativas a las sanciones comunes como multas o arrestos. Por ejemplo, que las personas puedan participar en actividades comunitarias, programas sociales o terapias, si así lo deciden voluntariamente, mediante un acuerdo firmado ante el juez.
• Las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos, por lo que deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen.
• El modelo propone atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y reparar el daño causado, más allá del castigo.
• Se requiere capacitar jueces, policías y funcionarios; actualizar conceptos legales; y aplicar procedimientos eficaces con alternativas a las sanciones tradicionales.
• Estados como Guanajuato, Chihuahua, CDMX y Nuevo León ya cuentan con legislación en la materia, con buenos resultados.
• La Suprema Corte validó en la acción de inconstitucionalidad 70/2019 que los congresos estatales pueden legislar sobre justicia cívica, incluso sin ley federal general.
• Aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios, lo que genera disparidad e ineficiencia.
Contenido central de la propuesta:
• Procedimiento claro para aplicar la justicia cívica.
• Catálogo de faltas administrativas y sanciones.
• Lineamientos para programas de rehabilitación, atención a adicciones y colaboración con sociedad civil.
• Fortalecimiento del rol de jueces cívicos y autoridades municipales en la resolución de conflictos.
• Alternativas a multas y arrestos, como trabajo comunitario o terapias, mediante acuerdos voluntarios.