Sin Censura.
Por Víctor R. Hernández.
Y la fecha llegó y en el gobierno de morena nadie se inmutó, dejaron de nueva cuenta al país a su suerte. Transportistas bloquearon ayer 76 puntos en autopistas, carreteras, casetas y puentes fronterizos de al menos 19 estados del país, en demanda de seguridad en los caminos, precios justos para sus cosechas y rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales.
La respuesta es la de siempre, desde el sexenio de López Obrador, las manifestaciones obedecen a un fin político.
La secretaria de gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en lugar de mostrar empatía volvió a tensar la relación:
“Nosotros nos preguntamos, si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay detrás? Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD; claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política, y entonces es cuando tú dices: si no quieren llegar a acuerdos y no quieren negociación, pues hay una motivación política, porque los beneficios que pudieran tener los productores agrícolas que ellos representan se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, declaró la secretaria de Gobernación en una rueda de prensa. “¿Quieres resolver la demanda o quieres bloquear?”
La Inseguridad, tiene rostro de Morena
Entonces, si todo lo bajamos a simples juegos políticos de estrategia, como sostiene Rosa Isela Rodríguez, pues la inseguridad en las carreteras federales es promovida y alimentada por Morena. Veamos la realidad en las carreteras.
1- Datos publicados por el diario Reforma indican que en las carreteras del país, los transportistas sufren hasta 70 robos diarios de unidades y de mercancías, pérdidas a las que se suman las extorsiones en retenes de las policías estatales y municipales, acusó David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).
“La inseguridad aumentó desde el pasado sexenio y no para. Nos robaban siete u ocho carros (diarios) en los tiempos que ellos (los del Gobierno) llaman neoliberales y el sexenio pasado llegaron a 35. Hoy están robando de 54 a 70”, aseguró Estévez.
REFORMA publicó ayer que, en el marco de la renegociación del T-MEC, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pidió a la Administración Trump solicitar a México mayor protección en las carreteras del país para garantizar el transporte de sus mercancías.
Estévez indicó que la mayor incidencia en asaltos se da en carreteras de estados como Puebla, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, entre otros.
Los atracos, consideró, se han incrementado ante una débil presencia de la Guardia Nacional, que se hizo cargo de la vigilancia de las vías federales con la desaparición, el sexenio pasado, de la Policía Federal.
“La Guardia Nacional nos ha quedado mucho a deber mucho. Hay estados donde anteriormente tenían mil elementos (de caminos), en esos estados hoy hay 350 guardias nacionales”, señaló.
Los transportistas son blanco fácil de los policías extorsionadores, debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por falta de recursos, no emite las suficientes licencias, placas y documentos que se necesitan para prestar el servicio de transporte de carga en las carreteras federales y estatales.
“Y ahora que ya no hay licencias plastificadas y estas corporaciones lo saben, se meten a carreteras: ‘Tu licencia’. ‘No, pues es que la traigo digital’. ‘¿Y qué, nos vamos a llevar tu celular o qué hacemos?’ Y ahí es donde se da la extorsión”.
“Nos ganamos la vida de una manera muy difícil, y por una licencia tenemos que pagar hasta 20 mil pesos porque hay que darle dinero al coyote, y al coyote de más arriba, al que da las citas para el examen médico. Que además las da dentro de tres meses, y mientras, ¿qué hago? ¿Me quedo sin trabajar?”
El abandono y la agonía del campo, es obra de Morena
2- México importó 40.7 millones de toneladas de granos y oleaginosas entre enero y octubre de 2025, una cifra récord desde que existen registros, según un reportaje del periódico La Jornada publicado el 24 de noviembre de 2025.
Este volumen representa un aumento del 3.5% con respecto al récord anterior registrado en el mismo periodo:
- Volumen récord: Las importaciones alcanzaron la cifra sin precedentes de 40.7 millones de toneladas en los primeros diez meses de 2025.
- Principal impulsor: El maíz (blanco y amarillo) fue el principal grano importado, con un total de 21.2 millones de toneladas, también una cifra récord, impulsado por una mayor competitividad del maíz importado y una menor producción nacional.
- Origen: México es el principal comprador de excedentes agrícolas de Estados Unidos, especialmente maíz, trigo y soya.
- Causas: El aumento se atribuye a diversos factores, incluyendo el “abandono del campo”, sequías y una menor producción nacional, lo que incrementa la dependencia de las compras externas para satisfacer la demanda interna.
- Impacto: México se mantiene como el segundo mayor importador mundial de granos y oleaginosas y el primer comprador global de maíz.
La Ley de Aguas, un atraco del gobierno de Morena
3- Pero, además de las protestas por la inseguridad en las carreteras y el abandono de programas para el campo, por parte del régimen morenista, hay otro “resorte” que ha impulsado a los productores del campo y trabajadores del volante de carga federal a paralizar las diferentes carreteras del país: la Ley de Aguas.
Miguel Ángel Sulub Caamal, ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados, hace un oportuno análisis sobre esta ley que tiene como propósito, al final, quedarse con parte de las paréelas y ranchos particulares:
A inicios del mes de octubre de este año, la Presidenta de la República presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para modificar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La propuesta del gobierno de Morena es perversa porque:
- Pone en riesgo el patrimonio principal de las familias rurales;
- Tiene un afán recaudatorio;
- Convierte en potenciales criminales a los productores;
- Establece un centralismo discrecional para el control político; y
- Olvida garantizar, equilibrada y armónicamente, el derecho humano al agua con el derecho a la alimentación, la protección de la salud y desde luego el cuidado al medio ambiente.
La tierra y los predios perderán su valor al prohibirse la cesión de derechos de agua entre particulares que hoy en día permite que, al heredarse, venderse, arrendarse o prestarse una parcela, también se transmitan. Sin agua la tierra no vale nada.
El otorgamiento o prórroga de una concesión, autorización o permiso de agua estará condicionada al cumplimiento de obligaciones fiscales; la captación de agua pluvial para uso agropecuario requerirá de autorización; existirá un monitoreo permanente a los productores, quienes de forma anual deberán reportar el volumen de agua que utilizaron, la superficie que cultivaron, los cultivos que regaron, la producción que obtuvieron con independencia de si la vendieron o no; y se duplica el monto de las multas que la autoridad administrativa podrá imponer por infracciones, pudiendo ser de hasta 7 millones de pesos, los cuales se podrán triplicar en caso de reincidencia.
Las infracciones administrativas como transmitir los títulos de concesión; cambiar cultivos en los cuales se puede variar parcial o totalmente el uso del agua; ceder, suministrar o intercambiar el uso parcial o total de aguas; así como no instalar medidores, con recursos propios y con las características que se determinen, para medir la cantidad de agua que se usa, serán también delitos con penas de prisión de dos a doce años y multas de hasta cuatro mil días multas contrario a lo que establece el artículo 29 del Código Penal Federal y que monetariamente pueden ser hasta por un más de un millón de pesos.
La autoridad suprema para la toma de decisiones, dotada de facultades discrecionales, será la Conagua; se relega a los organismos cuenca; y los malos de la película serán las entidades federativas y municipios, a quienes se les cargan más funciones y obligaciones sin el correspondiente respaldo presupuestal para que garanticen una infraestructura idónea para proporcionar agua de calidad y con sostenibilidad.
Morena en su afán de tener el poder de decidir a quién le da agua o a quien se la quita, con esta propuesta muestra nuevamente su desprecio al sector productivo agropecuario que, durante los últimos siete años, ha sufrido los recortes presupuestales por más de 213 mil millones de pesos acumulados, la desaparición de 24 programas sociales, la inexistencia de precios de garantía para la venta de sus cosechas y una falta de respaldo financiero al desaparecer Financiera Rural. Ahora a este sector, fundamental para garantizar el derecho a la alimentación en México, le tocará sufrir el despojo más grande de todos los tiempos, del agua.
En conclusión, Morena pretende que el agua deje de ser un derecho exigible, para ser un privilegio que el gobierno dictatorial concederá sólo a quien decida y, en otros casos, tendrá el poder de quitarlo o condicionarlo.
Ojalá las voces de los diversos sectores que han manifestado sus inquietudes en contra de esta iniciativa sean escuchadas y que la propuesta no sea aprobada en los términos en que fue presentada. No a la ley de aguas.
