En comunidades rurales, la movilidad no debe ser vista como un lujo sino como un derecho que garantice el acceso a servicios de salud, educación, seguridad y bienestar, especialmente para adultos mayores y grupos vulnerables.
La reforma plantea que los ayuntamientos fomenten accesibilidad y seguridad personal para personas en situación de vulnerabilidad en sus traslados dentro de comunidades rurales.
Se debe establecer prioridades claras en políticas públicas que garanticen soluciones de movilidad rural como rutas de transporte eficientes, infraestructura adecuada y apoyos institucionales.
El enfoque de movilidad no puede limitarse a lo urbano; debe contemplar a las zonas rurales, donde los retos geográficos son grandes, pero no deben ser impedimento para actuar con voluntad política.
La iniciativa establece que los municipios deben considerar el desarrollo rural en la formulación y evaluación de sus políticas de movilidad, ampliando el alcance de la ley para responder a realidades diversas y rezagos históricos.
