Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández

Hay palabras que incomodan al poder porque pronunciarlas exige asumir la realidad. Terrorismo es la principal de ellas. Mientras el aparato gubernamental se enreda en debates semánticos y tecnicismos jurídicos para eludir el término, un automóvil cargado con explosivos detonó frente a la Comandancia de Seguridad Pública en Ojocaliente, Zacatecas. El saldo IMPRESIONA: policías y civiles heridos, comercios y viviendas destruidos por la onda expansiva, y una comunidad paralizada en plena fiesta regional.

El Estado mexicano (léase el gobierno de Morena que administra casi todo el país, a través de las diferentes instituciones),  no puede seguir minimizando ni normalizando el uso deliberado del terror contra la población civil. Cuando un coche bomba estalla en una zona habitacional, el objetivo primario deja de ser la policía: la víctima real es la sociedad entera. La onda expansiva democratiza el miedo de forma brutal, sin distinguir entre el uniformado y la familia que habita enfrente. Es una demostración de fuerza con un doble mensaje: exhibir la vulnerabilidad del gobierno y advertir a los ciudadanos que nadie está a salvo.

Ojocaliente no representa un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón táctico:

• Guanajuato (2024): Coches bomba detonados en Acámbaro y Jerécuaro contra instalaciones policiales.
• Michoacán (2025): Atentado con vehículo explosivo en Coahuayana con saldo de muertos y destrucción civil.
• Zacatecas (2026): Explosión en Ojocaliente que consolida el uso recurrente de coches bomba, drones armados y minas terrestres.

El peligro más grave radica en la capacidad del país para acostumbrarse a lo insoportable. Normalizar masacres, fosas, drones artillados y vehículos bomba erosiona el tejido social hasta convertir la violencia extrema en simple paisaje informativo. Cuando una explosión deja de generar indignación nacional y pasa a ser un trámite burocrático de 24 horas, el Estado cede terreno. Los cárteles aprenden rápido: si paralizar un municipio y quebrar la vida pública no detona una respuesta contundente, el incentivo para escalar sus métodos queda intacto.

La comodidad intelectual de clasificar a estas organizaciones como simples bandas de narcotráfico ha caducado. En amplias zonas del territorio nacional operan como estructuras paraestatales: cobran piso, imponen toques de queda, desplazan comunidades y ejercen gobernanza criminal mediante un arsenal de guerra irregular. La discusión sobre el código penal compete a los tribunales; la realidad operativa dicta que recurrir a la destrucción masiva para someter a la población constituye una táctica terrorista en toda regla.

Para recuperar la iniciativa y proteger a la ciudadanía, la estrategia de seguridad pública debe transformarse en los siguientes frentes:

• Superar los diagnósticos obsoletos: Reconocer la naturaleza de guerra asimétrica que ejercen los grupos criminales.
• Inteligencia y contramedidas técnicas: Implementar capacidades avanzadas para la detección de explosivos, inhibición de drones y desarticulación de redes logísticas.
• Asfixia financiera y territorial: Cortar el flujo de recursos y restablecer el control institucional permanente en las zonas de alta incidencia.
• Cero tolerancia a la normalización: Responder a cada atentado con fuerza operativa integral y no mediante declaraciones evasivas que intentan matizar el impacto del ataque.

La política de seguridad no puede reducirse a administrar daños y abrir carpetas de investigación tras cada estallido. Ojocaliente no fue un evento fortuito: fue una advertencia explícita sobre el avance del terror como método de control. Ignorar las señales solo garantiza que la siguiente explosión sea más destructiva. El Estado mexicano tiene la obligación ineludible de nombrar la amenaza por su nombre y actuar en consecuencia antes de que el miedo termine por gobernar al país.