Sin Censura
Por: Víctor R. Hernández
La comparecencia del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez ante la corte federal de Nueva York ha puesto en jaque a la cúpula de Morena. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente el 11 de mayo en Arizona, enfrenta cargos que podrían condenarlo a cadena perpetua. Su única salida realista pasa por convertirse en testigo colaborador y entregar información de alto calibre.
La jueza Katherine Polk Failla describió la evidencia en su contra como “abundante y voluminosa”. Esto incluye material documental, financiero, testimonial, intervenciones telefónicas y posiblemente fotografías. La magistrada dejó claro que el caso no se limita a Mérida: involucra alrededor de diez acusados —entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya— y que los imputados “vienen en olas”. La fiscalía tiene hasta el 4 de agosto para entregar toda la prueba a la defensa, encabezada por la abogada Sarah Rebecca Krissoff.
Los cargos y el precio de la libertad
La fiscalía acusa a Mérida Sánchez de:
- Conspiración para el tráfico de drogas: introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.
- Delitos con armas de fuego.
Según la acusación, durante su gestión como secretario de Seguridad (septiembre 2023-diciembre 2024) habría recibido sobornos millonarios —reportes mencionan hasta 100 mil dólares mensuales— de la facción de “Los Chapitos” a cambio de protección institucional.
Para evitar la cadena perpetua, Mérida debe negociar. En estos casos, los fiscales estadounidenses exigen información sustancial y verificable contra figuras de mayor rango. Eso significa nombres, fechas, montos, reuniones y evidencias concretas de la supuesta colaboración entre altos funcionarios de Morena y el Cártel de Sinaloa.
¿Qué podría aportar Mérida como testigo colaborador?
Su trayectoria lo posiciona como alguien con acceso privilegiado: general de tres estrellas, exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia, exagregado militar en Chile y con experiencia en zonas militares clave. Si decide cooperar plenamente, podría entregar:
- Detalles de supuestos pagos y protección a “Los Chapitos” durante su gestión.
- Información sobre la supuesta trama Rocha Moya y otros funcionarios estatales.
- Posibles nexos o tolerancia hacia operaciones del cártel por parte de figuras nacionales.
- Evidencia financiera o comunicaciones que involucren a secretarios de Estado, senadores o incluso el círculo cercano al expresidente López Obrador o a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Solo con aportaciones de este calibre —que permitan avanzar en la investigación contra otros implicados— los fiscales considerarían reducir drásticamente su sentencia, posiblemente a cambio de protección y condiciones especiales de reclusión.
El impacto político
El general llegó encadenado de pies, manos y cintura, vestido con el uniforme beige de prisión. Un contraste brutal con su impecable carrera militar: subjefe de inteligencia en el Estado Mayor Presidencial, comandante de varias zonas militares y académico con maestría y doctorado. Esa imagen golpea fuerte en México.
La frase de la jueza sobre los acusados que “vienen en olas” genera nerviosismo en Palacio Nacional. Si Mérida decide hablar, el caso podría escalar más allá de Sinaloa. Por ahora, se declara no culpable y evalúa su estrategia. El 4 de agosto será clave: ahí se conocerá mejor el peso real de las pruebas y, posiblemente, los primeros indicios de si optará por la cooperación.
La clase política de Morena contiene la respiración. Un general de alto rango con conocimiento de inteligencia y operaciones de seguridad es un testigo potencialmente devastador. Todo depende de qué tan valiosa sea la información que esté dispuesto a entregar.
El reloj corre. La confesión del general podría ser solo el principio de una historia mucho más grande, que se integre por historias pequeñas pero devastadoras, políticamente.
Tengamos paciencia.
