Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández.

Medios de comunicación, periodistas de investigación, documentos internos de inteligencia del ejército mexicano, investigaciones de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, todos, en diferentes momentos en los últimos cinco años, han aportado evidencias contundentes de la alianza de Morena y sus gobiernos, con los grupos criminales del país, pero ninguna institución judicial y electoral, han decidido abrir una investigación seria al respecto.

Sobre este tema, desde hace varias semanas, líderes opositores y organizaciones civiles ya presentaron las denuncias correspondientes tras las acusaciones de Estados Unidos contra militantes y supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Ahí aparece el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Pero tranquilos, que en México la justicia electoral es lenta, comprensiva y, sobre todo, muy creativa a la hora de no ver lo evidente.

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo explicó con esa claridad quirúrgica que da el haber estado dentro del sistema: sí existe la figura legal para cancelar el registro por violaciones “graves, reiteradas y sistemáticas”. Pero, claro, en México nunca se ha aplicado. Aquí los partidos pierden registro por no sacar el 3% de los votos, no por andar de socios del narco. ¡Qué ordinario sería sancionar por eso! El voto ciudadano, nos dicen, es la única vía. Qué bonito suena… mientras las urnas las secuestran con rifles.

En Michoacán 2021, el TEPJF reconoció que grupos armados secuestraron urnas y amenazaron a funcionarios para favorecer a Morena. ¿Resultado? Anularon cuatro municipios y ya. El resto, “no fue determinante”. O sea, el crimen organizado metió la mano, pero no tanto como para invalidar la elección. ¡Qué detalle!

En Sinaloa, la FGR reactivó carpetas por la “narcoelección” del 21 y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Estados Unidos tiene expedientes que vinculan a Rocha Moya y compañía con “Los Chapitos”. Pero como no hay un contrato firmado con membrete del partido que diga “pacto narco”, pues todo está bien.

En Tamaulipas, el huachicol financiando campañas. Fotos, denuncias, empresarios metidos hasta el cuello… y los tribunales pidiendo “pruebas directas” de que el dinero entró a las cuentas oficiales. Mientras tanto, el efectivo y los favores corren por otro lado.

Esa es la genialidad del modelo Morena: culpa in vigilando cero. El partido no ordenó nada, los candidatos actuaron “a título personal”, los narcos apoyaron por su cuenta y riesgo. ¡Pura coincidencia que siempre terminen gobernando donde ellos mandan!

En España cancelaron el registro a Batasuna por ser brazo político de ETA. En Guatemala cancelaron un partido por financiamiento narco. En Colombia, si tus candidatos salen condenados por parapolítica, pierdes la silla y te vas debilitando hasta desaparecer. En Perú te disuelven por conducta antidemocrática. Allá el partido responde por a quién mete en su casa.

Aquí no. Aquí Morena puede tener gobernadores señalados, candidatos con antecedentes, financiamiento fantasma y apoyo armado, pero mientras no se demuestre que la dirigencia nacional mandó un memo oficial diciendo “coopérense con el cártel”, todo es legal.

Morena no es un partido con algunos problemas de narcos.

Es un narco partido con registro legal.

Y el INE, los tribunales y la “institucionalidad” se hacen los locos porque reconocerlo equivaldría a admitir que el régimen actual nació manchado de sangre y cocaína. Prefieren seguir repitiendo el mantra de que “el pueblo decide en las urnas”, aunque esas urnas estén custodiadas por gente que decide con cuernos de chivo.

La puerta legal existe, dice Córdova. Pero en México las puertas para los poderosos siempre tienen llave por dentro y más, si tienen a todas las instituciones del Estado, capturadas.