Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández.

El terremoto ya llegó. Y no es un rumor de redes, ni una filtración interesada, ni un ataque de la “derecha conservadora”. Es una acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con nombres, cargos, fechas y detalles que dejan en pañales cualquier escándalo previo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador, un alcalde, secretarios de Estado, fiscales y comandantes policiales de Morena están acusados de conspirar con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para meter toneladas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de poder, protección y sobornos millonarios.

El fiscal Jay Clayton y la DEA lo dijeron sin rodeos: el Cártel de Sinaloa no podría operar con esa impunidad sin políticos y policías corruptos a sueldo. Y los que están en la nómina del narco son, en su mayoría, funcionarios en activo del gobierno morenista de Sinaloa. Rocha Moya, según la acusación, recibió apoyo directo de Los Chapitos para ganar la gubernatura en 2021: secuestros, intimidación a opositores, robo de boletas. A cambio, les dio carta blanca. Reuniones antes y después de tomar posesión. Protección total. Impunidad absoluta.

Mientras tanto, en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum y los restos de la 4T miran para otro lado. Como siempre.

El mismo Andrés Manuel López Obrador, padrino político de Rocha, le dio espaldarazos públicos incluso después del asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido tras una supuesta reunión con El Mayo Zambada. Rocha negó haber estado ahí. Ahora la justicia estadounidense pone los reflectores y Morena entra en pánico. ¿Qué dirán ahora los gobernadores que se rasgaron las vestiduras defendiendo a Rocha? ¿Enrique Inzunza, señalado como operador clave para colocar gente del cártel en puestos estratégicos, tiene algo que decir? Apenas hace días acusaba a Maru Campos de “traición” por cooperar con Estados Unidos. Hipocresía pura.

El gobierno federal ya sacó su libreto predecible: “recibimos solicitudes de detención provisional, pero no hay elementos de prueba”. Traducción: vamos a proteger a los nuestros hasta donde se pueda. ¿Fast track hacia la extradición o negación, dilación y “no pasa nada”? La historia reciente nos dice que optarán por lo segundo. Ya lo hicieron con decenas de capos enviados como regalo a Washington sin tanto escándalo público.

Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya y su séquito de morenistas caen como dominó bajo la acusación formal de la Fiscalía de Nueva York por pactar con “Los Chapitos”, el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue con la misma estrategia de siempre: negar, culpar a la “injerencia extranjera” y voltear la cara. Pero el problema no se queda en Culiacán. Es sistémico. Es el sello de la 4T. Estados enteros gobernados por Morena apestan a los mismos vicios: protección a cárteles, sobornos disfrazados de “apoyo político”, impunidad y violencia desatada. Estados Unidos está poniendo los nombres sobre la mesa. México, bajo Sheinbaum, solo ofrece silencio y protección a los suyos.

Pero, ¿cuáles son los casos que puntualmente sigue investigando el gobierno de Donald Trump y que los llevará hasta el final, como el caso Rocha Moya?

1- Empecemos por Tamaulipas, donde el morenista Américo Villarreal Anaya carga con denuncias explosivas de “huachicol fiscal” que no son chismes de oposición, sino investigaciones que llegan hasta Texas y Nueva York. Exgobernador Cabeza de Vaca lo señaló directo: Villarreal recibió financiamiento millonario de Sergio Carmona, el autodenominado “Rey del Huachicol”, ligado a redes del Cártel del Noreste y Golfo. Detenciones masivas en aduanas de Tampico involucran exmarinos, empresarios y funcionarios. Denuncias ante la FGR hablan de conspiración, lavado y delincuencia organizada. ¿Respuesta del gobierno federal? Silencio cómplice. Mientras tanto, el huachicol fiscal deja un boquete de más de 600 mil millones al erario. Pero para la 4T, el verdadero enemigo es quien denuncia, no quien roba con el narco.

2- En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena) ya vive en modo daño control: su exesposo Carlos Torres Torres vio cancelada su visa estadounidense en 2025, y luego le tocó a ella. ¿La razón? Investigaciones de EU y FGR lo señalan por recibir entre 150 mil y 500 mil dólares mensuales de “Los Rusos”, una célula del Cártel de Sinaloa, a cambio de dejarlos operar con total libertad: tráfico, armas y lavado de dinero. El divorcio fue puro teatro para salvar la imagen. Ella niega todo, pero Washington no cancela visas a gobernadores por capricho. Baja California, frontera clave, se pudre bajo el narco mientras la gobernadora morenista mira para otro lado. ¿Y Sheinbaum? Defiende a su “compañera” con el mismo manual que usó con Rocha.

3- Guerrero es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el narco manda de verdad. Evelyn Salgado, hija del polémico Félix Salgado Macedonio, preside un estado donde La Familia Michoacana secuestra alcaldes y sus familias como si fuera rutina. Apenas en abril de 2026, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron levantados; los encontraron vivos tras operativo federal, pero el mensaje quedó claro: los cárteles (Familia Michoacana, Los Ardillos, Los Tlacos) controlan territorio, extorsionan y matan con impunidad. Acusaciones históricas ligan a la familia Salgado con Beltrán Leyva y Guerreros Unidos. Violencia que no para. ¿Respuesta de la gobernadora? Coordinar operativos… después de que el narco ya actuó. Guerrero es un estado fallido bajo mando morenista, y el gobierno federal actúa como si fuera un problema “local”.

4- Y la lista no para ahí. En Sonora, Alfonso Durazo está en la mira de EU por posibles nexos y contratos sospechosos con redes ligadas al fentanilo de los Chapitos.

5- En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla aparece en las famosas “listas Marco” (referencia al secretario de Estado Marco Rubio) junto a otros gobernadores morenistas: protección a Cárteles Unidos, familiares condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Campeche, Nayarit… varios más en la “Marco List” de políticos con visas revocadas o bajo investigación por lavado, protección y financiamiento narco a campañas de Morena.

Esto no es coincidencia. Es patrón. Estados Unidos, con Trump al frente, está desclasificando acusaciones, cancelando visas y preparando más golpes judiciales. La DEA y la Fiscalía de Nueva York no inventan: documentan sobornos, reuniones, protección a cargamentos y violencia pagada con poder político. Mientras tanto, en Palacio Nacional se repite el libreto: “no hay elementos”, “injerencia”, “persecución política”.

Observaremos la reaccion de hoy de Claudia Sheinbaum, López Obrador y el resto de la clase política morenita, paniqueada desde ayer al medio día.