Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández

Gobernar implica asumir costos. Pero en el México de hoy, la constante desde Palacio Nacional parece ser otra: deslindarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum, de cara a las elecciones intermedias de 2027, ha optado por una estrategia que no resuelve problemas, los traslada. No corrige, recomienda. No asume, sugiere.

Si sube la electricidad, la respuesta oficial no es revisar la política energética ni la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad. La respuesta es doméstica: apaguen focos, consuman menos.

Si sube la gasolina, no hay ajuste estructural ni explicación de fondo desde Petróleos Mexicanos. La sugerencia es casi pedagógica: no cargue Premium, use Magna.

Y ahora, ante el incremento en el precio de la tortilla —el alimento más básico del país—, la postura es negar la realidad: “no hay razón para que suba”. Reflexionemos en los siguientes elementos:

1- La realidad desmiente el discurso

Los datos cuentan otra historia.

De enero de 2019 a marzo de 2026, el kilo de tortillas aumento ocho pesos con 50 centavos.

En abril de 2026, el precio del kilo de tortilla ya promedia 23.7 pesos en zonas urbanas, pero en ciudades del norte alcanza hasta 35 pesos.
El propio sector advierte que el aumento es inevitable: entre dos y cuatro pesos adicionales en el corto plazo.

¿La razón? No es especulación, es costo.

El alza en la harina de maíz, los incrementos en gas, transporte, insumos y, sobre todo, combustibles, están presionando toda la cadena productiva.

Las gasolinas —controladas en gran medida por el Estado— han subido hasta tres pesos por litro en días recientes, encareciendo la distribución de alimentos en todo el país.

Es decir: el gobierno niega el efecto de decisiones que pasan, directa o indirectamente, por su propia política económica.

2- La política de la evasión

El problema no es solo económico, es político.

Mientras la administración insiste en que no existen razones para aumentar precios, la industria señala un déficit acumulado de costos y una competencia desleal que el propio Estado no ha querido o no ha podido regular.

El llamado “Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla” es voluntario. No hay control real de precios ni herramientas efectivas para contenerlos sin distorsionar el mercado.

Pero el discurso oficial sigue intacto: la culpa siempre es de otros.

De los productores.
De los distribuidores.
Del contexto internacional.

Nunca del gobierno.

3- El síntoma de fondo

La tortilla no es cualquier producto. Es el termómetro social del país.

Cada mexicano consume en promedio 66 kilos al año.
Cuando sube su precio, no es solo inflación: es presión directa sobre millones de familias que podrían cobrarse esta escalada de precios en las elecciones intermedias del año entrante.

Por eso el tema incomoda políticamente.
Por eso se minimiza.
Por eso se niega.

Pero el mercado no responde a discursos.

4- Un gobierno que recomienda, no gobierna

La presidenta no está administrando una crisis: está administrando la narrativa de la crisis.

Decirle a la gente que consuma menos luz, que cambie de gasolina o que no suba la tortilla no es política pública. Es evasión.

Y en esa lógica, el gobierno deja de ser rector para convertirse en comentarista de la realidad.

El problema es que el país no necesita consejos.

Necesita decisiones.

5- En 2027, la tortilla será el principal opositor de Morena

A 14 meses de la elección intermedia, el desgaste ya es evidente. La distancia entre discurso y realidad crece, y con ella la percepción de un gobierno que empieza a soltar responsabilidades.

Porque cuando el poder deja de asumir, alguien más paga el costo.

Y en México, ese alguien suele ser el ciudadano.