Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández

La narrativa oficial insiste en una supuesta superioridad moral (repiten como cotorras el “no somos iguales”) que, en los hechos, se desmorona. Una línea de comportamiento que distingue a la clase política de Morena —hoy en el poder federal y en 22 estados— no solo es la ineficiencia o la opacidad: es la reiterada cercanía con negocios ilícitos o, en el mejor de los casos, profundamente cuestionables.

No se trata de casos aislados. Es un patrón.

Desde el círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador —hijos, hermanos, primos, amigos— han surgido señalamientos sobre la creación de empresas fantasma, adjudicaciones directas y vínculos con personajes bajo investigación. La promesa de erradicar la corrupción terminó convertida en una red donde el poder político y los intereses privados conviven sin demasiados filtros.

Hace unas semanas, el diario El Universal documentó un nuevo caso que vuelve a colocar en el centro del debate la cercanía entre familia presidencial y operaciones financieras de dudosa procedencia.

El caso que incomoda

De acuerdo con la investigación periodística, Rodrigo Gutiérrez Mueller —hermano de Beatriz Gutiérrez Mueller— participó en la creación de empresas financieras en 2021 junto a socios cuyos nombres coinciden con individuos acusados en Estados Unidos por lavado de dinero.

Las empresas, Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V., fueron constituidas en Ciudad de México y Jalisco con el objetivo de operar servicios financieros y transferencias internacionales. Entre los socios aparecen Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres idénticos a los de personas que aceptaron su participación en el blanqueo de más de 46 millones de dólares en territorio estadounidense.

Aunque la acusación formal en Estados Unidos no vincula directamente a las empresas mexicanas, la coincidencia temporal, operativa y nominal resulta, cuando menos, inquietante.

Más aún: los implicados en el caso norteamericano simulaban la venta de insumos médicos durante la pandemia para desviar recursos públicos, utilizando identidades robadas y triangulando dinero hacia China.

Empresas, poder y conexiones

Las compañías creadas en México no eran improvisadas. Su objeto social incluía operaciones financieras complejas, compra y venta de divisas, participación en fintechs y celebración de contratos con entidades públicas.

Entre los socios también aparecen funcionarios o exfuncionarios con experiencia en áreas sensibles como inteligencia patrimonial y delitos financieros.

Es decir, no se trataba de empresarios novatos, sino de una estructura con conocimiento técnico y acceso político.

La red se amplía al revisar otros vínculos: asociaciones empresariales con actores políticos locales, intentos de financiamiento público gestionados desde la cercanía al poder y empresas que, según sus propios socios, terminaron siendo “de papel”.

El problema de fondo

La defensa habitual del oficialismo es simple: no hay sentencia, no hay delito.

Pero el debate público no se agota en la legalidad estricta. La política también se mide en términos de ética, conflicto de interés y congruencia.

¿Es aceptable que familiares directos del poder operen empresas financieras con socios señalados por lavado de dinero?
¿Es irrelevante que estas estructuras coincidan en tiempo con esquemas internacionales de fraude?
¿Puede hablarse de transformación cuando las prácticas replican viejos vicios del sistema?

La respuesta no requiere tribunales: basta el sentido común.

El caso documentado no es una anomalía, sino una pieza más en un rompecabezas que exhibe la normalización de la opacidad. Morena llegó al poder prometiendo romper con el pasado; hoy, múltiples indicios apuntan a que simplemente lo administra con otros rostros.

La corrupción no desapareció. Se reconfiguró.

Y mientras el discurso insiste en la austeridad y la honestidad, la realidad —documentada, verificable— sigue mostrando otra historia: la del poder convertido en plataforma de negocios.