Sin Censura

Por: Víctor R. Hernández

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad una de las propuestas más peligrosas para erosionar las libertades en México. Con la sola sospecha, el gobierno podrá congelar cuentas bancarias y detener a cualquier ciudadano al que considere evasor fiscal o enriquecido al margen de la ley. La defensa, en los hechos, tendría que hacerse desde la cárcel.

Para consumar semejante despropósito, los jurisconsultos mexicanos dieron luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria se conviertan en ejecutores de esta aberración.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿a juicio de quién se establecerá la sospecha de que un ciudadano tiene dinero mal habido y merece el congelamiento de su patrimonio y la prisión preventiva? ¿Quién cargará con el despreciable título de verdugo fiscal?

Lo que se abre es una puerta peligrosísima para las denuncias anónimas, las consignas políticas y la persecución selectiva contra opositores al régimen: políticos, empresarios, académicos, intelectuales y comunicadores. El mensaje es brutal: callar a la distancia, exhibiendo el terror de la cárcel, solo porque “yo lo sospecho”.

Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la evasión y la corrupción, entonces habría que empezar por barrer la casa propia, de arriba hacia abajo. Dentro del gobierno de Morena, más que sospechas existen señalamientos públicos, acusaciones reiteradas y suficientes indicios políticos para estrenar esa nueva lógica persecutoria contra personajes que, a ojos de la opinión pública, no han explicado con claridad el origen de su insultante estilo de vida.

Que comiencen, por ejemplo, con Andy y Gonzalo López Beltrán, y con sus cercanos, como Amílcar Olán y Daniel Asaf, nombres que han aparecido una y otra vez en versiones, denuncias periodísticas y expedientes públicos relacionados con presuntos negocios ilícitos, con el huachicol fiscal, con contratos y con favores cobrados en áreas estratégicas del Estado.

Que se revise también, con declaraciones fiscales y patrimoniales sobre la mesa, a Audomaro Martínez y su entorno, señalados en distintas versiones por presuntas operaciones irregulares desde estructuras de inteligencia y redes de tráfico y contrabando. El mismo personaje al que múltiples voces ubican dentro de circuitos de poder construidos al amparo del obradorismo.

Y qué decir de Adán Augusto López, hermano político del régimen, a quien tendrían que aplicarle esa barredora fiscal con auditorías exhaustivas que expliquen de dónde provienen los recursos con los que pudo sostener un tren de vida que hace unos años no se le conocía en Tabasco. Ahí está también el nombre de Hernán Bermúdez Requena, mencionado en más de un corrillo cuando se habla de finanzas oscuras y protección política.

En esa primera ronda de “sospechosos oficiales” también cabría Mario Delgado, hoy secretario de Educación, señalado desde hace años por sus vínculos políticos con el reparto de recursos ilegales para campañas de Morena, particularmente en los tiempos en que el nombre de Sergio Carmona se volvió sinónimo de financiamiento paralelo.

Y, por supuesto, Manuel Bartlett y su familia. La CFE bajo su mando fue retratada una y otra vez como un espacio opaco, capturado por intereses y negocios, mientras el país paga hoy con escasez energética, ineficiencia y costos crecientes los excesos de una élite que hizo del poder un privilegio patrimonial.

A la lista tendría que sumarse Ignacio Ovalle, con la estafa monumental de Segalmex, la Conasupo cuatroteísta por donde desaparecieron miles de millones de pesos en uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado.

En pocas palabras: si Claudia Sheinbaum quiere poner a prueba su cuestionadísima novedad jurídica del sospechosismo, que apunte primero hacia el ya famoso Cártel de Tabasco, donde despachan, según múltiples señalamientos, Andy y Gonzalo López Beltrán, Audomaro Martínez y Adán Augusto López.

Que les congelen las cuentas. Que los sienten ante el banquillo. Que les exijan probar el origen de su riqueza.

Porque si no se empieza por ahí, la verdadera confesión de esta legislación quedará al descubierto: no será una herramienta para impartir justicia, sino un mecanismo de terror selectivo. Todos seremos sospechosos, menos ellos. Todos estaremos bajo amenaza, menos los auténticos saqueadores del país. Los que cambiaron las vacaciones en Veracruz o Campeche por hoteles de lujo en Tokio y Dubái.

Ahí está el fondo del asunto: cuando la sospecha se convierte en ley, la libertad deja de ser derecho y se vuelve concesión del poder.