Sin Censura
Por: Víctor R. Hernández G.
Indiscutiblemente, la sociedad mexicana, de cara a las elecciones intermedias del próximo año, tendrá que hacer una profunda reflexión sobre lo que quiere para el futuro inmediato del país y de las millones de familias que lo integran. No hay punto medio: o se corta por lo sano con el instituto político que hoy conduce los destinos de la nación, o se acepta la condena de vivir bajo un régimen cada vez más policiaco, corrupto, tramposo e incapaz, con todo lo que ello implica para la vida democrática.
Morena no tiene remedio. No se trata de una crisis pasajera ni de errores aislados: hablamos de un modelo de poder que ha normalizado prácticas que antes se denunciaban y hoy se ejercen sin pudor. La alianza tácita con grupos criminales, el uso clientelar de los programas sociales y la operación política desde el aparato gubernamental son señales inequívocas de un partido que dejó de ser opción para convertirse en problema.
Hoy, la evidencia vuelve a exhibirlo. De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el Instituto Nacional Electoral ha invalidado más de 160 mil afiliaciones de Morena por no poder comprobar su autenticidad. La cifra no es menor: revela un patrón sistemático de manipulación que pone en entredicho la supuesta fortaleza de su estructura partidista.
Morena presume haber afiliado a más de 12 millones de personas. Sin embargo, las irregularidades detectadas —duplicidades en padrones, registros sin consentimiento y uso de datos personales sin garantías de autenticidad— abren una pregunta inquietante: ¿cuántos de esos militantes realmente existen y cuántos son producto de una maquinaria de simulación?
La aplicación utilizada por el partido para registrar afiliaciones carece de elementos básicos de seguridad. No exige fotografía viva ni cuenta con la validación documental necesaria para confirmar la voluntad del ciudadano. En otras palabras, permite construir padrones inflados sin certeza jurídica ni transparencia. Y eso, en un sistema democrático, es inadmisible.
Peor aún, el propio INE ha documentado que Morena ignoró solicitudes de información para aclarar estas inconsistencias. De diez requerimientos formales, la mitad no fueron respondidos y la otra mitad carecía de datos suficientes para verificar la autenticidad de los registros. La consecuencia fue inevitable: más de 160 mil afiliaciones quedaron fuera de su padrón y permanecen en el de otras organizaciones.
Este comportamiento no es accidental. Es el reflejo de una lógica política que privilegia el control sobre la legalidad, la simulación sobre la transparencia y la imposición sobre la democracia. Morena no sólo gobierna mal; también distorsiona las reglas del juego para perpetuarse.
Mientras tanto, otros partidos han optado por mecanismos auditables, como la aplicación oficial del INE, que sí garantiza la autenticidad de las afiliaciones. La diferencia es clara: unos cumplen la ley, otros la evaden.
El proceso electoral de 2027 se aproxima, y con él la oportunidad de redefinir el rumbo del país. El padrón electoral supera ya los 101 millones de ciudadanos, y los partidos deberán demostrar que cuentan con respaldo real, no inflado. La depuración que realizará el INE será clave para evidenciar quién juega limpio y quién apuesta por la trampa.
México enfrenta una decisión histórica. No se trata únicamente de elegir representantes, sino de defender la integridad del sistema democrático. La permanencia de Morena en el poder no sólo implica continuidad política; implica la normalización de prácticas que erosionan las instituciones y debilitan el Estado de derecho.
La ciudadanía tiene la palabra. Seguir por este camino o corregir el rumbo. Tolerar la simulación o exigir legalidad. Resignarse o actuar.
Porque, al final, lo que está en juego no es un partido, sino el futuro del país.
