Sin Censura.
Por Víctor R. Hernández.
No es incompetencia, es estrategia. Siguiendo con su línea ideológica de avanzar sobre el control absoluto de la educación superior de los mexicanos, el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum ha decidido que 2026 sea otro año de incertidumbre y tensión para las universidades que no controlan. La consigna es clara: mantener en la inopia financiera a las universidades autónomas —etiquetadas desde el púlpito presidencial como herencia del “régimen neoliberal”— mientras se inyectan recursos y esteroides a la creación de las Universidades del Bienestar, instituciones de claro corte marxista y control estatal directo.
Mientras la retórica oficial habla de educación para todos, la realidad presupuestal dicta una sentencia de muerte lenta. Las universidades públicas, entre ellas nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), están siendo estranguladas hasta que dejen de respirar.
El panorama nacional: Números rojos y promesas vacías
La radiografía de la ANUIES para este 2026 es aterradora. Las universidades públicas acumulan un déficit financiero que supera los 50,400 millones de pesos desde 2019. ¿La respuesta de la federación? Un insultante incremento del 1.79% para las universidades estatales; una cifra que no cubre ni siquiera la inflación, garantizando que el dinero rinda menos que el año pasado.
El cinismo gubernamental alcanza niveles históricos: exigen a las universidades crear 700 mil nuevos espacios durante el sexenio para cumplir sus metas políticas, pero no dan un peso para construir aulas ni contratar maestros. Quieren educación de calidad a precio de saldo. Mientras tanto, se anuncia con bombo y platillo la construcción de 20 nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) y la incorporación de la Universidad Rosario Castellanos al sistema nacional. El mensaje es brutal: hay dinero para el adoctrinamiento, pero hay austeridad para la autonomía.
Durango: La UJED en la zona cero
En Durango, el golpe se siente en la carne. La federación ha aplicado un recorte de 170 millones de pesos a la UJED. No es un ajuste de cinturón, es una amputación. Este tijeretazo deja a la administración central entre la espada y la pared, incapaz de maniobrar ante una realidad laboral explosiva.
La situación es, por decir lo menos, surrealista en la Máxima Casa de Estudios:
- La paradoja salarial: Mientras se discuten prestaciones sindicales históricas —calificadas por algunos como “exorbitantes” pero defendidas como conquistas legítimas—, tenemos el dato vergonzoso de que 700 trabajadores universitarios perciben ingresos inferiores al salario mínimo. ¿Cómo es posible esto en la principal institución educativa del estado?
- El conflicto inminente: La revisión del contrato colectivo es una bomba de tiempo. Francisco Olivas, del Sindicato de Empleados, ha sido tajante: los trabajadores cumplen a diario y la Rectoría debe pagar “sin pretextos”. Sin embargo, con 170 millones menos, la Rectoría no tiene margen de error.
Conclusión
El 2026 no pinta como un año de retos, sino de supervivencia. El gobierno federal apuesta al desgaste: que las universidades autónomas colapsen bajo el peso de sus propias nóminas y pensiones (que ya consumen el 50% del presupuesto), para que la única opción viable sea el modelo educativo oficialista.
La asfixia presupuestal de la UJED y de las universidades públicas del país no es un error de cálculo de Hacienda; es el precio que el gobierno cobra por la autonomía de pensamiento. Si no hay dinero, no hay libertad de cátedra, y eso, al parecer, es exactamente lo que buscan.
